La reciente sentencia contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, revela un esquema de corrupción multimillonaria que operó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, afirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con el funcionario, este caso es una muestra del Estado corrupto que, dijo, ha perdurado en México desde la década de los cincuenta.
Durante su participación en la conferencia matutina del presidente, Gómez señaló que esta resolución judicial permite visibilizar cómo operaban los delincuentes de cuello blanco en una red transnacional amparada por gobiernos de partidos que, posteriormente, se aliaron electoralmente. “Es muy relevante conocer la historia de una trama corrupta, como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultas”, afirmó.
De acuerdo con la UIF, parte del dinero desviado se utilizó en campañas políticas. Además, se identificaron 15 empresas involucradas en el esquema de lavado de dinero, en distintos niveles. “No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco”, insistió Gómez.
El titular de la UIF también criticó una decisión reciente de la justicia mexicana que, dijo, contrasta con la sentencia en Estados Unidos: mientras la jueza de Florida, Lisa Walsh, resolvió que García Luna y Pereyra deben pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, un tribunal nacional concedió un amparo a Pereyra para que pueda operar libremente en el sistema financiero mexicano. “Pero esto lo vamos a resolver pronto”, aseguró.
Añadió que estos procesos permiten conocer detalles de cómo se sustraía el dinero público con total impunidad, sin temor a represalias o acciones judiciales. “Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro, cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50”, sostuvo.
Según Gómez, el caso no termina aquí: en breve se espera otra sentencia en Florida, esta vez contra las empresas que participaron en la operación de traslado de recursos a bancos en Barbados, presuntamente utilizados para el lavado de dinero. “Nosotros tenemos 15 empresas que participaron de primero o segundo nivel en este esquema de lavado. Estamos hablando, para estas empresas, de cien millones de dólares”, detalló.
También recordó que existen procesos penales abiertos en México contra los implicados. “Parte de ese dinero fue a dar a campañas políticas y lo vamos a demostrar. Hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión”. Reconoció además el papel de la Fiscalía General de la República en el seguimiento del caso.
Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum destacaron la participación de Rosa Icela Rodríguez —hoy secretaria de Gobernación—, quien como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana impulsó la denuncia presentada durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Honor a quien honor merece, porque ésta es una denuncia que se puso en el periodo del presidente López Obrador y que desarrolló Rosa Icela Rodríguez”, expresó Gómez.
La sentencia dictada en Florida considera a García Luna y Pereyra responsables del pago de 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares al gobierno de México. La resolución se deriva de una demanda civil interpuesta en 2021 contra el matrimonio, seis cómplices y 44 empresas internacionales por 30 contratos de tecnología y seguridad suscritos entre 2009 y 2018 con dependencias como la Policía Federal, el CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
A través del entramado empresarial conocido como Grupo Weinberg, liderado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, García Luna obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos.
Hasta ahora, se han recuperado bienes por un valor cercano a los 2.5 millones de dólares, aunque aún falta por vender uno de ellos, explicó Gómez. También precisó que inicialmente se demandó a García Luna por 250 millones de dólares y a Pereyra por 580 millones, cifras que fueron superadas ampliamente por la resolución de la jueza Walsh.
