La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió con firmeza al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que la misión de observación electoral recomendó no replicar el modelo mexicano de elección judicial en otros países de la región. La mandataria señaló que la OEA no tiene facultades para emitir juicios sobre decisiones soberanas en materia de justicia.
“Que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos, lo que significa la profunda reforma del poder judicial en nuestro país”, expresó Sheinbaum durante su visita a Morelos, donde presentó el programa “Salud Casa por Casa”.
Sheinbaum reconoció que está bien que la Organización envíe observadores para evaluar aspectos como la paz y el orden del proceso electoral. Sin embargo, criticó que el organismo pretenda opinar sobre el modelo de selección de jueces, magistrados y ministros aprobado por México.
“Pero ahora ya quieren opinar sobre el sistema que decidieron los mexicanos para elegir a los miembros de la Corte, los magistrados y los jueces, no tienen atribución para ello”, subrayó.
La presidenta defendió la soberanía nacional en el diseño del sistema de justicia, señalando que fue una decisión tomada por el pueblo mexicano.
“¿Qué es mejor? ¿Cómo antes que unos cuantos senadores decidan a la Corte o que sea el pueblo de México en elección? El pueblo (…) ¿Puede perfeccionarse la elección? Claro, todo es perfectible, pero hoy la Constitución de la República dice en México quien manda es el pueblo. El pueblo de México manda, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, enfatizó.
Antes de estas declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había respondido al informe preliminar de la OEA mediante una nota diplomática, en la que se señaló que la Misión de Observación Electoral “rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización”.
El Gobierno mexicano dejó en claro que respeta la observación electoral en su carácter técnico, pero rechaza cualquier intento de injerencia o juicio político sobre sus decisiones institucionales.
