Congreso de Sinaloa propone castigar con hasta 10 años de prisión el uso de ponchallantas
El Congreso del Estado de Sinaloa presentó un dictamen que busca tipificar como delito el uso, fabricación, distribución y comercialización de objetos punzocortantes conocidos como “ponchallantas”, los cuales son frecuentemente utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular. La propuesta contempla penas de hasta 10 años de prisión, así como multas económicas y el decomiso de los objetos involucrados.
Durante la sesión ordinaria, legisladoras y legisladores de la 65 Legislatura dieron lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, en el cual se propone la adición del artículo 264 Bis al Código Penal del Estado. Este establece que:
“Se impondrá una pena de tres a 10 años de prisión, de 100 a 500 días multa, y el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito vehicular.
“Se incluyen, entre otros, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro material, comúnmente conocidos como ‘ponchallantas’”.
El documento también contempla sancionar con la misma pena a quienes fabriquen, comercialicen o faciliten la obtención de estos objetos con fines delictivos:
“La misma pena se aplicará a quien fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.
“Para efectos de este artículo, se entiende por vía de comunicación a las calles, bulevares, caminos, veredas, terracerías, avenidas, carreteras, autopistas o libramientos”.
Además, se plantea un aumento de hasta la mitad de la pena si en la comisión del delito se involucra a menores de edad, o si el responsable es un servidor público en funciones o que haya ejercido el cargo en los cinco años anteriores al hecho.
Este proyecto legislativo se deriva de dos iniciativas: una impulsada por el grupo parlamentario de Morena y otra por los ciudadanos José Luis Ricardo López Enríquez, Luis Rosales Zagal, Francisco Villarreal Gastélum y Juan Bautista Lugo Corrales.
El dictamen fue turnado para su segunda lectura, en la cual será discutido en el Pleno y sometido a votación para su posible aprobación.
