Grupo Salinas califica de “ilegal” orden judicial para pagar 2 mil millones al SAT
Grupo Salinas calificó como “ilegal” la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que negó el amparo a Grupo Elektra y ordenó el pago de más de 2 mil millones de pesos por un adeudo fiscal correspondiente al año 2012. El conglomerado anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión constitucional del fallo.
“La resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que negó el amparo a Grupo Elektra es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos”, señaló la empresa en un comunicado.
El grupo empresarial, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, afirmó que la sentencia “omite intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal”, y argumentó que “viola el debido proceso al negar el amparo en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales”.
Grupo Salinas, que integra a diversas empresas como Elektra, agregó que “aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”.
El conglomerado sostuvo que seguirá ejerciendo su defensa dentro del marco legal, y reiteró su compromiso con una “justicia pronta, completa e imparcial” para combatir lo que considera cobros “ilegales, abusivos y desproporcionados”.
La resolución judicial ocurre tras cinco años de litigios, y aunque el crédito fiscal original era de mil 603 millones de pesos, las actualizaciones y recargos han elevado la cifra a más de 2 mil millones.
“Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional”, afirmó la empresa. “Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias”.
Además, Grupo Salinas aseguró que la decisión judicial ocurre en un contexto de cambios dentro del Poder Judicial, lo que, a su juicio, demuestra una “resolución guiada por intereses y presiones políticas”.
Grupo Elektra también cuestionó directamente la actuación de los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, a quienes acusó de haber ignorado “impedimentos procesales debidamente planteados”, y de alinearse “con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia”.
