Permanente turna iniciativa de Sheinbaum para crear jueces con identidad reservada
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada este miércoles a una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la impartición de justicia mediante la creación de figuras judiciales con identidad reservada —conocidas como “jueces sin rostro”— en casos relacionados con delincuencia organizada, como parte del paquete de reformas derivadas de la reestructura al Poder Judicial.
La propuesta plantea reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de agilizar procesos, establecer plazos específicos y acotar la discrecionalidad de los juzgadores, de manera que se protejan los derechos humanos de víctimas, imputados y sentenciados.
En la exposición de motivos se subraya que el resguardo de identidad de jueces, magistrados y ministros permitirá que ejerzan sus funciones con independencia, imparcialidad y profesionalismo, al tiempo que se garantiza su seguridad personal frente a posibles amenazas del crimen organizado.
La propuesta contempla la adición del artículo 34 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada —en el capítulo “De la protección de las personas”— así como los artículos 22 Bis y 22 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales. En ellos se establecen mecanismos y criterios objetivos para la implementación de estas medidas de protección, las cuales estarán sujetas a revisión periódica por parte del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, mediante una Unidad Especializada.
De igual forma, se plantea precisar los supuestos de detención en flagrancia, estableciendo que esta puede configurarse cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito, es perseguida de forma material e ininterrumpida, es señalada por la víctima o testigos presenciales, o posee objetos o indicios que permitan presumir fundadamente su participación en el hecho.
La iniciativa también prevé que dicha persecución pueda realizarse mediante el uso de herramientas tecnológicas, lo que —según se argumenta— dotará de mayor eficacia a las autoridades para actuar con rapidez, bajo principios de legalidad y certeza jurídica.
