Proponen reforma constitucional para tipificar extorsión como delito de alto impacto
El Poder Ejecutivo envió este jueves a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para combatir de manera más efectiva el delito de extorsión, proponiendo su tipificación como delito de alto impacto.
La propuesta busca modificar el artículo 73 de la Constitución con el fin de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir, en un plazo máximo de 180 días, una ley general que homologue el tipo penal y las sanciones por extorsión, debido a la diversidad normativa que actualmente prevalece en el país.
En el documento se detalla que, actualmente, los códigos penales federal y locales establecen penas mínimas promedio de cuatro años con seis meses y máximas de hasta 12 años. Sin embargo, las sanciones varían significativamente entre entidades: en Oaxaca van de uno a tres años, mientras que en Chihuahua el rango es de cinco a 30 años.
También existe disparidad en las multas impuestas. En estados como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, las multas oscilan entre 36 mil y 86 mil pesos; en tanto que en Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, van de 77 mil a 130 mil pesos. En la Ciudad de México, las sanciones económicas alcanzan entre 226 mil y 340 mil pesos, y en Coahuila ascienden hasta 691 mil pesos.
La iniciativa reconoce que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate ha sido insuficiente en todos los niveles de gobierno. Subraya que no debe considerarse una conducta menor, ya que afecta no sólo a individuos, sino a la colectividad en general.
En la exposición de motivos se advierte que este delito ha sido un mecanismo comúnmente utilizado por grupos de la delincuencia organizada para obtener ingresos significativos. Sus efectos no se limitan a las víctimas directas, sino que repercuten en diversos sectores de la sociedad, incluyendo empresas y comercios que, mediante amenazas, son forzados a aceptar condiciones impuestas por los criminales.
Además, se alerta que funcionarios públicos han sido blanco de amenazas con el fin de coaccionar a las instituciones del Estado, utilizando la extorsión como medio para facilitar otras conductas ilícitas.
La propuesta también expone datos sobre la incidencia del delito: en 2018 se registraron en promedio 18.89 amenazas diarias, cifra que aumentó a 29.77 en enero de 2025, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en seis años.
Durante 2024, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas; el Estado de México, por sí solo, acumuló 33.1 por ciento en enero de 2025.
En sus artículos transitorios, la iniciativa establece que el Congreso tendrá un plazo de 180 días desde la entrada en vigor de la reforma para emitir la legislación secundaria correspondiente.
Dicha normatividad deberá fortalecer las atribuciones concurrentes entre la Federación y las entidades federativas, y dotar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de un marco legal que les permita responder con mayor eficacia ante las necesidades actuales para sancionar este delito y atender a las víctimas.
