La agencia USAID del gobierno de Estados Unidos confirmó el financiamiento por 6 millones de dólares –117 millones de pesos– a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad entre 2021 y 2023, años en los que la organización fundada por Claudio X emprendió una campaña sucia disfrazada de actividad periodística contra el presidente López Obrador, que incluso violentó la vida privada de sus hijos. La embajada estadunidense admite que el dinero se usa para el “periodismo” que realiza MCCI, así como la “investigación” aplicada, el análisis de políticas públicas e incluso la participación ciudadana (conocida como calentamiento de calle). A la fecha, la asociación civil mantiene la misma agenda política del empresario, incluso se alió con UNID@S para litigar contra el Plan B de la reforma electoral; además, ninguno de sus trabajos ha cuestionado los intereses de la familia González.
Séptima parte. El gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia USAID, financió con 6 millones de dólares –unos 117 millones de pesos– a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2021 y 2023. La organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo –quien encabeza a empresarios y partidos políticos (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) opositores– es la punta de lanza en una campaña sucia permanente en medios de comunicación corporativos y en juzgados, tribunales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta guerra sucia mediática ha incluido el hostigamiento a los hijos del primer mandatario, violentando su derecho humano a la privacidad. El hecho más reciente ocurrió el pasado 22 de marzo cuando, en franca violación a los principios de la ética periodística, Mexicanos Contra la Corrupción envió a sus colaboradores al domicilio privado de uno de los hijos del presidente de la República, donde también habitan los nietos de López Obrador que son menores de edad.
Hasta la fecha, MCCI no ha demostrado que existe conflicto de interés en lo que llamó “la otra casa gris”, como tampoco lo hizo, meses atrás, con la primera entrega (incluso el autor del supuesto “reportaje”, Raúl Olmos, admitió en una clase en el CIDE que no podía afirmar que hubiera conflicto de interés).
Aunque la asociación civil financiada por el gobierno estadunidense aseguró que apersonarse en la casa de uno de los hijos del primer mandatario al sur de la Ciudad de México formaba parte de un trabajo supuestamente periodístico y lo disfrazó de reportaje, la Carta Mundial de Ética para Periodistas señala: “el o la periodista respetará la privacidad de las personas. Respetará la dignidad de las personas representadas”.
Ahora se sabe que la Embajada estadunidense sí conoce que el destino de los recursos multimillonarios que el gobierno de ese país da a la organización es precisamente la confección de ese tipo de trabajos disfrazados de periodismo de investigación. Etiquetado como presupuesto destinado al “Enfoque Multidimensional para abordar la corrupción e impunidad en México”, la USAID reconoce que a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad le entregó 3 millones de dólares complementados con otros 3 millones de dólares de “coinversión” en el periodo de 2021 a 2023. Al respecto, no aclara qué otra entidad participa en dicha coinversión.
La agencia del gobierno de Estados Unidos ligada a la CIA afirma que “esta actividad integra la investigación aplicada, el análisis de políticas públicas, la participación ciudadana y el ‘periodismo de investigación’ para promover políticas y reformas legales para combatir la corrupción sistémica y promover la integridad empresarial”. Es decir, la USAID es consciente que está financiando las campañas sucias de MCCI al indicar que los millones de pesos que le otorga se destinan a su supuesto “periodismo”.
Más aún, reconoce que parte del dinero que entrega a esta asociación civil sirve para que sus directivos promuevan el llamado calentamiento de calle, a lo que eufemísticamente llama “participación ciudadana”: esto es, atizar el descontento social hasta generar un conflicto en beneficio de intereses específicos. Lo cual incluye la organización de manifestaciones que no necesariamente son legítimas.
Por ejemplo, el 10 de noviembre de 2022, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, convocó desde su cuenta de Twitter a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral, entonces dirigido por Lorenzo Córdova en asociación con Ciro Murayama. En un video que también se encuentra publicado en la plataforma político electoral de UNID@S, la exfuncionaria del gobierno de Vicente Fox convocaba a los mexicanos y mexicanas a unirse a la marcha del “INE no se toca”.
Otro ejemplo se observó entre febrero y lo que va de mayo de 2023: en una acción descarada y a nombre de MCCI, María Amparo Casar promocionó en su cuenta de Twitter una movilización digital en Change.org sobre los dos amicus curiae contra el llamado Plan B de la reforma electoral, que presentó UNID@S –en asociación con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IEDT), liderado por Ricardo Becerra Laguna, exfuncionario del IFE y del IFAI– ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La organización UNID@S es impulsada por el jefe de Casar, Claudio X. Esta fue presentada el 11 de octubre de 2022 como una plataforma política con miras a las elecciones presidenciales de 2024 y para incidir en el voto ciudadano de cara a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Adicionalmente, uno de sus principales objetivos al nacer fue defender al INE de Lorenzo Córdova, caracterizado por los lujos y el dispendio del dinero público.
Así, aunque Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad asegura que es apartidista y que su actividad no es política ni busca incidir en el voto, el 11 de mayo pasado el IEDT compartió una lista de organizaciones que “defienden” a ese INE mediante el recurso jurídico del amicus curiae ante la Corte, entre las que sobresalen Sí Por México, UNID@S y Mexicanos Contra la Corrupción, pues fueron creadas por el empresario González Guajardo como grupos de presión a los que también se les identifica con el concepto de lobby.
Fines partidistas
El pasado 16 de mayo, la Embajada de Estados Unidos aseguró que “ningún financiamiento del gobierno de los Estados Unidos se puede utilizar con fines partidistas”, luego de que el presidente López Obrador volvió a criticar al vecino país por donar decenas de millones de pesos al grupo opositor a su gobierno identificado como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
No obstante lo que afirma la Embajada, MCCI sí lo utiliza exactamente con esos objetivos, de lo contrario se mantendría al margen de la agenda político electoral que enarbola su presidente fundador y actual líder de la alianza Va por México, Claudio X. Incluso para demostrar su supuesta “independencia” podría publicar un reportaje sobre los intereses de Kimberly Clark y las familias González Laporte-González Guajardo, que tras envolverse en un discurso de lucha contra la corrupción se han aliado al PRI y al PAN.
En un comunicado, el 16 de mayo la Embajada del vecino país aseguró que “el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias cuentan con mecanismos rigurosos para monitorear y garantizar que la asistencia estadounidense se implemente de manera objetiva y de acuerdo con las disposiciones de las subvenciones”. Al parecer, en este caso hay sólo dos escenarios posibles: 1) esos controles han fallado a la hora de revisar los verdaderos objetivos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; o 2) es del interés del gobierno estadunidense financiar a grupos abiertamente opositores al actual gobierno de López Obrador, elegido en julio de 2018 por más de 30 millones de votos.
Hasta ahora, ni la USAID ni la Embajada se han disculpado con el gobierno de México por financiar las campañas sucias de MCCI, que también han incluido una estrategia de golpe de Estado técnico: interponer centenas de juicios de amparo contra las principales obras de infraestructura.
Es más, nada dijeron de que el presidente fundador de esa asociación civil, Claudio X, amenazó –el 22 de octubre de 2021– con crear una lista negra y en ese mismo mes MCCI se alió a su “nuevo” colectivo UNID@S. Como se recordará, el empresario escribió en su cuenta de Twitter: “la llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.
Respecto de las estrategias jurídico legaloides, la asociación civil cuenta con un área destinada a lo que llama “litigios estratégicos”. En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, Claudio X González Guajardo –entonces presidente de Mexicanos Contra la Corrupción– promovió la creación del colectivo #NoMásDerroches, al que se sumaron la Confederación Patronal de la República Mexicana, Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia.
Ese año, dichas organizaciones promovieron más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y otras tantas demandas para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Como Contralínea lo informó, la cara visible del colectivo fue el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de Litigio Estratégico de MCCI –cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta octubre de 2021. Ahora, este litigante forma parte del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, AC, también de Claudio X.
Mexicanos Contra la Corrupción y el colectivo #NoMásDerroches también promovieron juicios de amparo contra otras obras de infraestructura estratégicas: el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
Crédito: CONTRALÍNEA
