Miembros de la familia Weinberg, también implicados en el proceso legal, habían logrado pausar la demanda a finales del año pasado; sin embargo, un Juez falló a favor del Gobierno federal para proceder con la demanda.
Una Corte en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos, retomó una demanda civil promovida por el Gobierno federal contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otros socios por lavado de fondos “robados”.
La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de la Corte de Apelaciones de Florida levantó la pausa que esa misma instancia impuso a la demanda civil iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el funcionario del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El caso había quedado suspendido el 1 de noviembre de 2022 como parte de la espera en que se decidiera si la impugnación, presentada por la familia de empresarios Weinberg, procedía o no.
Sin embargo, un Juez en Miami y la Corte anteriormente mencionada le dieron la razón al Gobierno mexicano, por lo que el proceso continuará y podrá llegar hasta un juicio.
La familia Weinberg rechazó los señalamientos hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades en los contratos que se firmaron con el Gobierno federal en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A través de una carta difundida por el periodista Ciro Gómez Leyva, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, quienes cuentan con una orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción registrados durante la gestión de Genaro García Luna, aclararon que han sido proveedores estratégicos en seguridad nacional, tanto en México como en Latinoamérica por más de 35 años y siempre han “cumplido a cabalidad los comprimidos contractuales”.
“Hemos prestado nuestros servicios a la Administración Pública Federal en los últimos cinco sexenios. Gracias a nuestro apoyo oportuno, a nuestro personal y a nuestra tecnología, el Gobierno federal actual logró evitar un evento de alto impacto en seguridad nacional e internacional”, refirieron en la misiva.
Sobre los contratos que la UIF califica como “ilegales o fraudulentos”, la familia Weinberg afirma que han sido revisados por la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías 45-GB (Cuenta Pública 2014), 14-GB (Cuenta Pública 2015) y 18-GB (Cuenta Pública 2017).
Como resultado de estas auditorias, agregaron, “no fuimos notificados de observación o de irregularidad”.
“Durante las auditorías se constataron las facultades legales de todos los funcionarios y apoderados vinculados a los contratos, así como la utilidad de los entregables. Claramente en ningún momento existió un desvío de recursos”, señalaron.
Agregaron que los contratos formalizados “fueron adjudicados con el otorgamiento de fianzas de garantía y cumplimiento y el objetivo fue cumplido de manera satisfactoria como consta en las actas de entrega-recepción”.
Además mencionaron que han cooperado con las autoridades estadounidenses en la investigación de estos contratos y de las operaciones financieras realizadas con los proyectos.
Crédito: SIN EMBARGO
