Familias de los 43 exigen el retorno del GIEI al caso y que Sedena sea transparente

Padres y madres aseguran que la Sedena ha entregado información parcial a la realmente disponible; una segunda reunión con el Presidente López Obrador fue pactada para el próximo 25 de septiembre.

En el marco de la reunión que sostuvieron éste miércoles, los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa le solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se reintegre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) a la investigación del caso.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti en su programa de Radio Fórmula, Mario González, el padre de uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, afirmó que durante la reunión con el Presidente López Obrador, hicieron la solicitud del regreso del grupo de investigación, el cual decidió abandonar la indagatoria a mediados de este año debido a la falta de transparencia por el Ejército mexicano.

En respuesta a ello, el mandatario dijo que “no habría problema” en pedirles su regreso; sin embargo, recalcó que el GIEI fue quien decidió marcharse.

“Ya en el bloque que hizo el GIEI en las llamadas se ve claramente cuánto movimiento hubo del Ejército, nosotros lo pensábamos siempre si en el camión iba un infiltrado”, comentó como parte de la importancia de los hallazgos del GIEI, en donde sobre todo se detectó evidencia de movimientos militares durante el incidente.

Asimismo, señaló que han habido avances en las indagatorias; sin embargo, por el momento no puede brindar mayores detalles sobre lo que se conoce ahora con respecto al caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Por otra parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, declaró que durante la reunión se insistió la entrega de toda la información respecto al caso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene en su poder.

“Esta información que tiene en su poder el Ejército mexicano la pudimos conocer a través de la apertura que el propio Presidente hizo de los archivos militares ante una petición que nosotros hicimos en el año 2021”, explicó.

Si bien el mandatario aseguró que la información ya fue entregada, los padres expresaron que dichos datos son parciales, por lo que demandaron la entrega total de los mismos para así complementar la investigación.

“Él insiste en que que ya no hay información que entregar, él insiste y nosotros le hicimos ver que no”, añadió.

De igual manera, se estableció una segunda reunión con el Presidente de la República, la cual está pactada para el próximo 25 de septiembre, un día antes de que se cumplan nueve años de lo sucedido.

El pasado julio, los dos integrantes restantes del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, lamentaron que no pudieran continuar su trabajo en el esclarecimiento del paradero y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, debido a la falta de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a documentos importantes para la investigación.

Los números del GIEI, que comenzó a operar en México en marzo de 2015 con seis miembros, fueron disminuyendo con el tiempo.

Primero se retiró el abogado Alejandro Valencia, cuando en abril de 2016 el Gobierno de Peña Nieto no renovó el mandato del grupo de expertos. Inició un segundo periodo en el sexenio de López Obrador, ahora sólo con Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Justicia en Guatemala; el abogado penalista Francisco Cox de Chile; el psicólogo Carlos Beristain, y la abogada colombiana Ángela Buitrago.

Son estos últimos dos miembros quienes se mantuvieron en el país después de que, en octubre del año anterior, el Gobierno federal presentó un informe que incluía capturas de pantallas de supuestos mensajes intercambiados por integrantes del cártel Guerreros Unidos la noche y madrugada de los hechos en 2014. Estas conversaciones fueron hechas públicas sin consultar previamente al GIEI, mismo que cuestionó el origen y la autenticidad de las misivas de WhatsApp.

En protesta, Cox y Paz se retiraron del país, en respuesta también por la falta de colaboración por parte de la administración de López Obrador, quien se había comprometido por medio de un Decreto presidencial a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregara toda la documentación e información que tenía con relación a Ayotzinapa.

Los señalamientos hacia el Gobierno federal y sus instituciones, primero a cargo de Enrique Peña Nieto y también durante el sexenio actual, han permeado las labores de peritaje independiente del GIEI, el cual dio a conocer los primeros hallazgos del caso en el 2015, mientras que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Jesús Murillo Karam –actualmente preso por delitos relacionados con el caso de Ayotzinapa– sostuvo una “verdad histórica”, como se ha conocido la versión oficial dada por las autoridades mexicanas.

El grupo de expertos ya había anticipado su salida del país debido a la falta de transparencia por parte de la dependencia, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el cual había instruido al Ejército que abriera todos los expedientes necesarios para brindar verdad y justicia a los familiares de los normalistas.

“Tanto la detención como el ocultamiento [de información] son parte de la desaparición forzada”, acusó el GIEI en su informe a las autoridades mexicanas, entre ellas la Sedena, por su responsabilidad en los hechos.

Durante la presentación del documento, Carlos Beristain apuntó que algunas de las principales incongruencias de la Sedena es con respecto al hallazgo del joven normalista Julio César Mondragón, quien fue localizado horas después de la desaparición forzada con signos de tortura, fracturas y sin rostro.

“Según un documento de la Zona Militar 35 de Chilpancingo, el lugar en el que habría aparecido Julio César Mondragón no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, la zona industrial, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec, [en el municipio de Taxco de Alarcón]”, detalló.

Otras dos incongruencias por parte de Sedena que fueron identificadas fue que el 41 Batallón aseguró haber llegado a las 8 horas a la zona del Andariego donde encontró el cuerpo de Julio César Mondragón, y este mismo batallón indicó que encontró el cuerpo tras una llamada anónima en la zona industrial de Iguala; mientras que otro del 27 Batallón, que ha formado parte de la versión oficial hasta ahora, indicó que la Sedena llegó a las 10 horas y fue este batallón quien llegó al lugar de los hechos.

Los militares, concluyeron los expertos, sólo modificaron sus declaraciones una vez emitidos los resultados de los hallazgos del GIEI.

Crédito: SINEMBARGO